La Asociación de Derecho Sanitario de la Comunidad Valenciana (ADSCV) pide más seguridad en los hospitales para evitar agresiones a los profesionales sanitarios y que éstos reciban más formación jurídica, de la que «están huérfanos», para que disminuyan las reclamaciones que se presentan contra ellos.

Así lo asegura en una entrevista con EFE Carlos Fornes, presidente de la ADSCV, entidad que nació en abril del pasado año y que los próximos días 28 y 29 celebrará en València el primer Congreso de Derecho Sanitario de la Comunitat Valenciana.

Tras recordar que el 70 % de las reclamaciones a los médicos es por falta de información, Fornes considera necesario que los facultativos reciban más formación e información sobre la historia clínica y el consentimiento informado, a su juicio los «dos pilares básicos del derecho sanitario».

Durante el Congreso, que se celebrará en el Palacio de Colomina, se analizarán temas como la responsabilidad patrimonial sanitaria, la importancia del Consentimiento Informado (CI) y las consecuencias de su omisión o el papel fundamental de la historia clínica para la defensa de los profesionales sanitarios.

También se hablará sobre el futuro del seguro de la responsabilidad civil profesional, el nuevo baremo de indemnizaciones y el «alarmante» crecimiento de las agresiones a los profesionales sanitarios.

«No tienen cobertura porque, debido a la crisis, hicieron un seguro pagando lo mínimo posible para que solo tuvieran cobertura los profesionales», indica Fornes, que añade que hay aseguradoras que se han retirado del mercado de la sanidad pública «porque pierden dinero».

Fornes ha explicado que la administración sanitaria valenciana no tiene cobertura de seguro de responsabilidad, solo cubre la responsabilidad civil que se derive de los procedimientos penales, lo que significa que si la condenan por un mal funcionamiento de la sanidad, los que pagan la indemnización son los ciudadanos.

También destaca que cuando se aplican indemnizaciones en un proceso judicial por una supuesta negligencia médica se aplica el baremo de los accidentes de tráfico y el nuevo baremo, denuncia, «es muy farragoso y triplica» las cantidades económicas por indemnizaciones.

«Es un baremo no específicamente sanitario», señala Fornes, que subraya las ventajas que tendría en un proceso judicial ya que si se pierde un brazo en un accidente de tráfico «es lo mismo que si lo haces en una intervención quirúrgica, pero tendrá otras connotaciones porque, a lo mejor, se ha perdido como consecuencia de una enfermedad de base».

Además, al triplicarse las indemnizaciones, las compañías tienen que triplicar el precio de las primas, según Carlos Fornes, que ve necesario elaborar un baremo sanitario en el que participen compañías de seguros, profesionales, administración, colegios profesionales o expertos en valoración del daño.

A su juicio, para evitar reclamaciones es necesario que los profesionales sanitarios, además de recibir formación jurídica, deben tener una mayor empatía con los pacientes en una «sociedad estresada y con los sistemas de urgencia colapsados donde la cercanía médico-paciente se ha perdido prácticamente al cien por cien».

Esta formación deben recibirla desde la Universidad, en sus colegios profesionales y desde la administración, señala para indicar que la ADSCV se ha ofrecido para informarles sobre aspectos concretos del historial clínico o del consentimiento informado, que además de plasmarse en el papel debe explicarse de forma verbal previamente.

«Esto frenaría tanto las reclamaciones como las agresiones, amenazas, injurias o vejaciones que reciben muchos profesionales de personas que se ponen nerviosas tras pasar muchas horas de espera en un servicio de urgencias», afirma Fornes, que añade que la violencia contra los sanitarios ha crecido un 15 % en los últimos tres años.

Considera «discriminatorio» que solo se considere un delito de atentado la agresión a un profesional de la sanidad pública y no de la privada, y reclama la modificación de la Ley para que tengan la misma consideración, y afirma que no se denuncian todas las agresiones físicas o verbales «por miedo a represalias».

Para evitar estas situaciones, reclama «como medida importante» poner más seguridad privada en los hospitales, especialmente en los públicos, donde más se colapsan las urgencias: «Ver a un guardia de seguridad va a producir en el paciente un efecto disuasorio».

Además, pide la puesta en marcha de uno o dos juzgados especializados en temas sanitarios, igual que los hay para temas como violencia machista, mercantil o de familia, donde tanto los jueces como los médicos forenses estarían más formados en las causas sanitarias.

Según la última memoria de la Asociación El Defensor del Paciente, en 2016 recibió 1.401 casos por presunta negligencia médico-sanitaria de la Comunitat Valenciana, unas 300 más que el año anterior, y los hospitales más denunciados fueron La Fe, el General de Alicante y el Doctor Peset, el General y el Clínico de València.

«La sanidad que tenemos es muy buena pero es mejorable», afirma el presidente de la Asociación, que añade que se sigue practicando una medicina defensiva, con la realización de una batería de pruebas, que tiene «un coste económico elevado y carece de sentido».