PUBLICADO EN ABC EL 30 DE OCTUBRE DEL 2016

El problema del intrusismo profesional sanitario resulta de carácter multidimensional, donde interactúan aspectos sociales, económicos y educativos que afectan tanto al profesional como al paciente, y donde la falta de rigidez en las medidas reguladoras favorece la proliferación de este tipo de prácticas ilegales.

Se trata de un grave problema que hay que erradicar con la contundencia necesaria, y para ello, se precisa la colaboración de todos los implicados: profesionales, pacientes, colegios profesionales y administración. Y es grave, porque afecta no solo a los propios pacientes, que buscan soluciones por parte de un profesional no cualificado, sino también al sector donde se produce, ya que genera un estado de desconfianza generalizado en el sector que deteriora gravemente la imagen del profesional sanitario.

No conviene olvidar que el intrusismo profesional, cuando se produce en el sector sanitario, se agrava, ya que se pone en riesgo la salud de los pacientes, pudiendo provocar daños irreparables que pueden traducirse en una menor calidad de vida.

Esta práctica ilegal se encuentra tipificada en nuestro Código Penal, el cual en el artículo 403 establece que “el que ejerciere actos propios de una profesión sin poseer el correspondiente título académico expedido o reconocido en España de acuerdo con la legislación vigente, incurrirá en la pena de multa de 12 a 24 meses. Si la actividad profesional desarrollada exigiere un título oficial que acredite la capacitación necesaria y habilite legalmente para su ejercicio, y no se estuviere en posesión de dicho título, se impondrá la pena de multa de 6 a 12 meses”.

Y la actuación del intruso, al margen de lo anterior, podrá llevar aparejada penas de cárcel, de 6 meses a 2 años, si “además se atribuyese públicamente la cualidad de profesional amparada por el Título referido, o si el culpable ejerciere los actos a los que se refiere el apartado anterior en un local o establecimiento abierto al público, en el que se anunciare la prestación de servicios propios de aquella profesión”.

Son muchas las especialidades donde se practica el intrusismo, pero quizá debamos destacar las que se producen en la Cirugía Plástica, Estética y Reparadora, así como en Odontología. Son muchos los que se publicitan para llevar a cabo estas prácticas sin estar cualificados, ofreciendo unos costes muy por debajo de los que tendrían si los llevaran a cabo profesionales capacitados y con la titulación correspondiente.

Me consta que desde la Sociedad de Cirugía Plástica, Reconstructora y Estética de la Comunidad Valenciana se están tomando iniciativas que permitan evitar este tipo de prácticas, fundamentalmente facilitar la información necesaria al posible usuario de esta importante especialidad.

Según datos de la Sociedad Española de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética, en nuestro país solo el 25% de los Hospitales Públicos y el 70% de los privados tienen en plantilla a Cirujanos Plásticos, lo que hace que muchas de sus intervenciones sean realizadas por otros médicos menos cualificados o que incluso, no están capacitados para realizar este tipo de prácticas.

En España existen unos 12.000 especialistas que se han formado para obtener esta titulación oficial y homologada. Sin embargo, existen otros 9.000 médicos realizando estas intervenciones sin tener esta titulación específica. Sería bueno, como reclaman los especialistas, que existiera un marco legal que regulara la Cirugía Estética, con objeto de acabar con “la situación de legalidad en la que se amparan más de estos 9.000 médicos que ejercen sin la titulación oficial”.

Deben de ser los Colegios Profesionales los garantes de la calidad de los servicios profesionales y de la lucha contra el intrusismo, y los usuarios, en caso de dudar de la titulación del profesional que les va a atender, deben saber que pueden dirigirse a los Colegios para exigir esa información. No obstante, nuestra Asociación de Derecho Sanitario de la Comunidad Valenciana se pone a disposición de aquellos colectivos de profesionales afectados para, juntos, luchar contra estas prácticas ilegales.

*Carlos Fornes es presidente de la Asociación de Derecho Sanitario de la Comunidad Valenciana