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VALENCIA. Carlos Fornés es abogado especializado en derecho sanitario y presidente de la recién creada Asociación de Derecho Sanitario de la Comunidad Valenciana. Fornés, hijo del pediatra valenciano y expresidente de la Organización Médica Colegial de España José Fornés, defiende la necesidad de una organización de este tipo como foro de encuentro para profundizar en la especialización de los profesionales del ámbito jurídico. De hecho, lanza la propuesta para crear juzgados especializados en derecho sanitario, insiste en la importancia de la formación y reivindica una atención más cercana como vía para reducir la conflictividad con los pacientes.

– ¿Qué opina de las coacciones a personal de la bolsa de empleo denunciadas esta semana en el Hospital Clínico y La Fe? ¿Eran conocidas en el sector estas prácticas?

– Las denuncias aparecidas estos últimos días en los medios de comunicación son lamentables y deben

de ser atajadas de inmediato y depurar las oportunas responsabilidades. La Ley está para cumplirla y todo lo relacionado con las contrataciones de la administración sanitaria está regulado de forma clara y transparente.

En el caso de nuestra comunidad, la Orden de 5 de octubre de 2009, de la Conselleria de Sanidad reguló el procedimiento para la cobertura temporal de plazas del personal al que le resulta de aplicación el Decreto 71/1989, de 15 de mayo, del Consell de la Generalitat, sobre regulación de los órganos de gestión de personal de la Conselleria de Sanidad y órganos dependientes. Su objeto fue regular el sistema de provisión de plazas de personal con carácter de interinidad, eventual o de sustitución, de las Instituciones Sanitarias dependientes de la Conselleria de Sanidad, con una duración superior a 1 mes.

Así pues, y en la medida en que se da cobertura normativa a estas contrataciones, regulando todos aquellos aspectos necesarios para una cobertura ágil y objetiva de puestos de trabajo en el ámbito de la sanidad, debemos entender que situaciones como las que estos días están apareciendo en los medios de comunicación son, o al menos deberían ser, excepcionales, en tanto que discurren por un camino distinto al procedimiento que para tal fin tiene previsto la norma.

– ¿Ha llevado alguna denuncia a profesionales por estos temas?

– Hasta la fecha ninguno de los profesionales implicados se ha puesto en contacto no nosotros.

– ¿Por qué es necesaria una asociación de derecho sanitario en la Comunitat Valenciana?

– En primer lugar porque no está creada. Y objetivos tiene muchos. A nivel nacional, solo está la andaluza y la española. La Comunitat Valenciana tiene suficiente importancia y trascendencia y es necesario un foro que cubra este ámbito profesional para ser un punto de encuentro y de referencia en el que se pongan encima de la mesa cuestiones y conflictos que pueden ser beneficiosos tanto para el usuario como para la sociedad en general.

– ¿Qué ofrecen a sus asociados y qué tipos de actores entran en la asociación?

– Incluimos a todos los profesionales de la sanidad. Por una parte, no sólo va dedicada a los médicos, aunque es un punto muy importante, sino también a odontólogos, farmacéuticos, enfermeros, abogados, que son el referente en el derecho, y todas aquellas asociaciones y sociedades que tengan que ver con la profesión sanitaria. Y luego siempre hablo de pacientes, porque todos lo somos en algún momento. Todo aquello que redunde no en una mejor atención, porque en España hay magníficos profesionales, pero sí en cosas que al paciente le hagan sentir más cómodo como la información, eso disminuye mucho las reclamaciones.

– ¿Por qué los médicos no dan toda la información? ¿Por que no saben que es obligatorio?

– Antes la relación entre paciente y médico siempre era confianza. Lo que pasa es que se ha magnificado todo, se ha colapsado el sistema y ahí está la exigencia del paciente y entra en juego el documento de consentimiento informado, que es clave y esencial en todas las intervenciones quirúrgicas con riesgo. Pero una cosa es el documento que el paciente firma y que es obligatorio por ley para el médico y es un derecho del paciente y otra es la información que se da al paciente.

A nivel de prueba hay que firmarlo pero el paciente lo que reclama en muchas ocasiones, y eso

disminuiría mucho las reclamaciones, es información y cercanía. Y yo entiendo que el médico me diga: “¿Cercanía y tengo a 50 personas esperándome?”. La información es una obligación con el documento, pero darla con un trato más directo disminuye los conflictos.

– ¿Qué tipo de profesional es el que tiene más conflictos?

– Los médicos, y dentro de éstos la especializadad de traumatología, ginecología, anestesiología, cirugía. Cuanto más intervencionista es la especialidad más hay. Y luego está la estética, que tiene un grupo selecto de reclamantes pero donde la cosa cambia, porque no es una medicina que va a curarte, sino que vas a hacer un cambio estético, es satisfactiva, y ahí sí prima la información.

– ¿Tienen algún proyecto de integración en alguna otra asociación de este tipo?

– Hay poco mercado para ello. En Hispano América también está la mexicana y argentina, queremos contactar para ver todos los puntos de vista. Queremos que nos tengan como un foro de referencia para estos temas y que se puedan debatir las cuestiones que preocupan a profesionales y pacientes, y hacer intercambios tanto de ámbito nacional y en Sudamérica.

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– De hecho tienen previsto organizar un congreso…

– Sí, otra de las cuestiones a la que ya queremos poner fecha es tener una primera actividad a finales de septiembre. En octubre es el congreso nacional. Queremos hacer una jornada con un magistrado de responsabilidad profesional y hacer un par de mesas de debate. Por ejemplo, hablar del consentimiento informado. Porque el 70% de las reclamaciones contra los médicos son por el consentimiento informado. Y partir de ahí, en la próxima primavera, queremos organizar el primer congreso autonómico de la Comunitat, por eso queremos que colegios, asociaciones y administración nos pongan temas encima de la mesa.

– ¿Qué otros proyectos tienen?

– Nos hemos reunido con el CEU, con el decano de Derecho, porque se trata de un producto que sí existe en otras comunidades como Madrid. A largo plazo sería hacer un master, pero primero hay que sembrar. Para empezar nos ha cedido el aula para la jornada de septiembre, hacer un título de experto, para sembrar esta especialidad a los alumnos y que puedan especializarse en derecho sanitario como quien se forma en violencia doméstica, en separaciones o quiebras mercantiles. Por qué no podemos tener el día de mañana, y yo no lo descarto, juzgados especializados en derecho sanitario.

– En la situación actual, ¿sería factible contar con juzgados especializados en sanidad?

– Difícilmente se podría. Pero, por ejemplo, en Valencia hay dos juzgados especializados en violencia doméstica y tres mercantiles. Yo lo pongo encima de la mesa porque quizás a medio plazo no es descartable que pudiera existir. Esta disciplina requiere una especialización y podría haber jueces especializados.

– No hay demasiada especialización por parte de los profesionales en derecho sanitario…

– No existe formación como tal y un objetivo fundamental de la asociación es formar. Igual que los peritos, que son una pieza clave en los asuntos jurídicos para defender a los profesionales y no por tener la titulación ya puedes ser perito. Tienen que saber cómo hacer un informe pericial, cómo se defiende, qué te pueden preguntar, por dónde pueden ir. Y no hay cursos en los colegios de abogados de profesionales ni para formar a peritos, ni para abogados ni a cualquier profesional que esté interesado en esto.

– ¿Les ha recibido la consellera de Sanidad?

– La consellera de Sanidad, Carmen Montón, como la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, se mostraron interesadas pero están entrando en periodo electoral. Carmen Montón dijo que pasadas las elecciones estarían interesados en reunirse. La gente está interesada en un tipo de asociación que no existía y que puede ser beneficioso para la sociedad.

– ¿En la Sanidad valenciana hay normas deficientes en este ámbito?

– Todo es mejorable. En la Comunitat Valenciana tenemos la ley 1/2003 que es de derechos e información donde se regula la historia clínica, el consentimiento informado, las voluntades anticipadas. Francamente es bastante completa, el tema está regulado, pero tiene que cumplirse. Ahí está contemplado todo. Pero los profesionales siempre van corriendo y no cumplimentan, no rellenan. La historia clínica por ejemplo es un documento clave y esencial en el derecho sanitario porque cuando estás atendiendo un paciente no sabes que va a acabar en reclamación, pero lo primero que pide el juez es la historia clínica. Como no tengan cumplimentada conforme la norma que la regula, vamos mal. Pero está en proceso de concienciación.

– ¿No la han interiorizado lo suficiente?

– Yo no hablaría de culpables. Pero es como el tema de la lotería, como siempre piensas que le va a pasar a los demás y no a ti… Hay buena cultura y la gente está cada vez más concienciada. Pero el paciente siempre tiene derecho de acceso a su historia clínica. Solo le puedes quitar anotaciones que sean subjetivas. Es una ley completa, pero queremos tener contacto con la administración para poder aportar y asesorarles para cambiar o ampliar algún punto de la norma.

Como asociación también queremos ir por los distintos centros hospitalarios tanto privados como públicos y dar charlas de formación y concienciar. Hay que estar encima del profesional. Te llevas un magistrado para que explique desde el punto de vista civil y penal lo que puede ocurrir.

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– ¿En qué situación está el seguro de los profesionales sanitarios en la Comunitat?

– Hay una póliza curiosa, porque hasta esta última adjudicación sólo cubre el ámbito penal. Cubre la responsabilidad civil que se puede derivar de un proceso penal. Pero para eso tiene que haber una condena en el ámbito penal, que es difícil que la haya porque tiene que ser algo flagrante. Pero no ocurre como pasaba antes con todas las compañías, que cubra la responsabilidad de la administración por el mal funcionamiento, que empieza por la vía penal que luego se archiva y luego van contra la Administración. Eso no está cubierto, aunque antes siempre lo estuvo. Se paga menos prima.

– ¿Y esto supone algo para los profesionales?

– Los profesionales están todos cubiertos en la red pública. Es verdad que los médicos en su actividad privada tienen su seguro que les cubre. Pero en la pública, que estuvo un año y medio sin adjudicarse, la compañía que entró lo hizo con carácter retroactivo. Los médicos estaban tensos por si les pasaba algo y no tenían su responsabilidad cubierta en el ámbito penal, que es lo que más les asusta. Pero se solventó, aunque no es una póliza habitual.

– ¿Podría poner un ejemplo?

– Al médico le ponen una denuncia penal. Si ésta prospera hasta la fase de instrucción, se celebra un juicio y se condena, aparte de las penas de cárcel y pena de multa, luego está la responsabilidad civil. Según lo que haya ocurrido, por ejemplo, si ha fallecido, hay un baremo sanitario, se calcula la base indemnizatoria y esa base civil, la cuantificación económica, estaría cubierta. Pero es la que se deriva de una condena.

Ahora, todas las causas sanitarias se convierten en complejas porque se comen el plazo de los 18 meses. Hay procedimientos penales de tres y cuatro años. Las causas se atascan sobre todo en el médico forense. Cuando ya tenemos la denuncia, el juez no tiene ni idea de lo que ha ocurrido y, o cita a los profesionales que han estado en la asistencia o piden la historia clínica o bien cita a declarar o se lo baja al forense para ver si observa algo y si no ve nada archivar. Si ve alguna duda cita a los profesionales que hayan intervenido.

En Valencia, los abogados han reclamado habitualmente por la vía penal, porque como saben que aunque haya condena a la administración no va a pagar. Se van a la vía penal pero condenas ha habido pocas.

– Han detectado un aumento de los litigios por los recortes en sanidad y la percepción del paciente de que el servicio puede haber empeorado?

– No detectamos cambios, pero sí han aumentado las reclamaciones por vía penal porque, entre comillas, es la mas barata. Desde el punto de vista civil, con la famosa tasa ha hecho que se redujeran los procesos porque al usuario le obligan a pagar una tasa en función de la indemnización que reclaman. Esas personas ahora se van por la vía penal.

El recorte en medios siempre afecta, sobre todo en los servicios de urgencias, que para mi son el espejo de un hospital. Pero tenemos unos profesionales con una preparación excelente y el servicio que se presta es bueno, aunque reclamaciones siempre existe. Hablamos de un ámbito en el que cualquier error tiene gran trascendencia. Y los pacientes, si sucede algo excepcional, tienen derecho a saber qué ha pasado.